En la política dominicana las señales importan tanto como las decisiones. El sábado 13 de septiembre, Luis Abinader instruyó a los titulares de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para que entregaran a la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe sobre las «graves irregularidades» detectadas en la ARS.
El envío del expediente se presentó como un acto de transparencia y un golpe de autoridad: «quien haya sustraído fondos públicos, especialmente en el área de la salud, enfrentará consecuencias drásticas», ha repetido el mandatario. Pero la realidad es que el Ministerio Público (MP) lleva meses trabajando en este caso. ¿A quién va dirigido el gesto?
El propio Abinader ha asegurado que la investigación en Senasa no surgió por las denuncias periodísticas sino por una solicitud que su gobierno hizo al MP en noviembre de 2024.
Desde entonces, según dijo, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Antifraude y la Sisalril iniciaron auditorías, y el director de Persecución, Wilson Camacho, afirma que las pesquisas avanzan discretamente.
¿Por qué entonces la necesidad de «entregar» un informe que ya está en manos de la Fiscalía? La respuesta parece estar en la urgencia de contener la narrativa: se trata de un mensaje político más que de un paso legal.
Al parecer el gobierno quiere mostrar que no barre su desorden bajo la alfombra; que, a diferencia de otras administraciones, se somete voluntariamente al escrutinio de Yeni Berenice.
También busca blindarse de una acusación de la oposición, y es la selectividad de la lucha contra la corrupción: «si caen los nuestros, que caigan también los tuyos», exigen los opositores.
Coherencia en el discurso:
Abinader necesita demostrar coherencia con su discurso de cero tolerancia.
La gravedad del caso Senasa justifica el alboroto. Un reportaje de Julissa Céspedes documentó que más de 4,000 procedimientos médicos fueron autorizados y facturados aunque nunca llegaron a realizarse.
Para simular legitimidad, un «call center paralelo» operado por exempleados de la institución gestionaba las autorizaciones con identidades reales de afiliados.
El esquema habría desviado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas. Entre los nombres que aparecen en las denuncias figuran Gustavo Güílamo (jefe de gabinete), Germán Robles (consultor jurídico), Rafael Dujarric (planificación) y Gustavo Mesina (finanzas); testigos protegidos señalan a Robles como cabeza del entramado.
No es el único flanco. Piera reveló que Senasa firmó en 2020 un contrato con una empresa para administrar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Bajo esa modalidad, la aseguradora pagaba hasta 65 millones de pesos mensuales (780 millones al año) sin importar si los pacientes recibían o no servicios.
El acuerdo, añadido durante la actual gestión, carecía de mecanismos de fiscalización claros y convertía la atención primaria en una fuente de ingresos segura para el prestador privado.
La periodista también constató que, entre 2020 y 2024, la nómina pasó de 1,408 a 1,971 empleados y se abrieron 19 oficinas en Estados Unidos y Puerto Rico, con costos superiores a cinco millones de pesos mensuales, tareas que antes desempeñaban los consulados.
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