El fin de semana corrió como pólvora la noticia del arresto de Santiago Hazim, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y de varios funcionarios que le acompañaron al frente de la institución, así como de empresarios que, de acuerdo con denuncias, se beneficiaron de contratos médicos con esa entidad estatal.
La información sorprendió a muchos, y no es para menos: no se apresaba a un cualquiera, sino a quien hasta el 2020 fue encargado del sector externo que había llevado al actual gobernante al poder.
En el pasado reciente no recuerdo que una persona de tanta cercanía al presidente de turno haya sido arrestada y sometida a la acción de la justicia para que se le solicite medida de coerción por un alegado caso de corrupción.
Es cierto que Luis Maisichell Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), habían sido sometidos a la justicia, y aun en el caso del segundo tiene un proceso abierto; pero ninguno de los antes mencionados tenía el nivel de cercanía con el presidente Luis Abinader como Santiago Hazim.
El pasado 29 de septiembre escribí en mi columna Senasa: el caso para que Abinader dé un ejemplo de la lucha contra la corrupción; hoy, 8 de diciembre, podemos afirmar que el ejemplo se está dando y que el mensaje está llegando de que no se tolera la corrupción en el actual gobierno.
El arresto de Santiago Hazim y de varios exfuncionarios de su administración, así como de algunos empresarios, es una muestra más que evidente de que no hay vacas sagradas y de que hay una institución que le da valor a los recursos públicos y que trabaja para evitar la sustracción de los mismos.
El caso SeNaSa inició con un detallado informe del Poder Ejecutivo, estableciendo con singular precisión los elementos que han servido de base para la investigación encabezada por el Ministerio Público. Vale la pena reiterarlo: el adecentamiento de la vida pública no tiene punto de retorno.
Ahora, cualquier desbordamiento ético no tiene en el presidente Luis Abinader una pulgada de tolerancia. En ese sentido, serán las autoridades del Ministerio Público las que tendrán la decisión final relativa a cualquier investigación. Nada ni nadie nos detendrá en preservar nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y los valores éticos.
La procuradora Yeni Berenice Reynoso demuestra con su accionar que no hay línea desde el poder y que su institución es un muro de contención para frenar y evitar los desmanes desde el poder de algunos que consideran que los recursos públicos son un cheque al portador de sus ambiciones.
Si bien es cierto que hoy podemos sentirnos satisfechos de la lucha contra la corrupción, es de reconocer que ggann la Marcha Verde, que reclamó acciones contra la corrupción; Luis Abinader, que puso sus oídos en el corazón del pueblo y cumplió su promesa de independencia; y Yeni Berenice, que confirma su compromiso con los mejores intereses del país, así como Wilson Camacho, director de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quienes llevan la voz cantante en beneficio de la transparencia.
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